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Hasta L220,000 cuesta tratar un trastorno mental en Honduras

DAVID RAUDALES BLOGHasta L220,000 cuesta tratar un trastorno mental en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Los trastornos mentales imponen una carga significativa tanto a los afectados como a su entorno, impactando el bienestar personal y social.

Los costos directos asociados a estos trastornos incluyen gastos médicos como consultas, hospitalización, medicamentos y terapias. Además, las familias deben afrontar otros gastos relacionados, como alimentación y transporte, incrementando el impacto económico.

En el sector privado, aunque se ofrecen consultas por enfermedades mentales, su continuidad a menudo se ve limitada por los elevados costos, lo que impide un tratamiento sostenido en el tiempo. Por su parte, el sector público atiende un promedio mensual de 62 casos de menores con patologías mentales en hospitales y centros de salud habilitados.

Datos proporcionados por la Secretaría de Salud a este medio de comunicación indican que solo hay 165 psicólogos a nivel nacional, cifra claramente insuficiente para atender a aproximadamente 2 millones de niños y adolescentes con problemas o rasgos de enfermedades mentales. Muchos de estos casos forman parte del subregistro no oficial, ya que solo un pequeño porcentaje busca asistencia profesional, concuerdan psicólogos sampedranos entrevistados por LA PRENSA Premium.

En el departamento de Francisco Morazán, 80 psicólogos trabajan en el sector público, mientras que en Cortés hay 19 y en Copán 8. Los demás departamentos cuentan con aún menos profesionales de salud mental.

Nota relacionada: Hasta 2 millones de menores hondureños enfrentarían trastornos mentales

En el Distrito Central, el hospital Mario Mendoza (especializado en pacientes psiquiátricos) concentra 12 psicólogos y el hospital San Felipe cuenta con nueve.

Los hospitales Santa Rosita (especializado en pacientes psiquiátricos), también en el Distrito Central; y el de Gracias a Dios, disponen de seis psicólogos cada uno. Estos encabezan la pirámide de personal asistencial de este tipo en el erario público. De los 165 psicólogos disponibles, 49 tienen contratos temporales, lo que resalta la dificultad de contar con profesionales permanentes para atender a esta población vulnerable.

Delmy Dubón, psicóloga clínica que trabaja en un hospital privado de San Pedro Sula, explicó que “muchos educadores carecen de formación psicológica necesaria para manejar estas situaciones, y suelen frustrarse fácilmente ante los desafíos que presentan los menores en centros escolares, que representan el primer nivel atención antes de someter los casos en consultorios privados y hospitales.

Las familias numerosas y ambientes inestables también contribuyen a problemas mentales, donde falta de estructura y estabilidad emocional afectan.

El tratamiento frente a trastornos mentales puede ser oneroso, diferenciándose entre quienes requieren medicación y aquellos que necesitan terapia psicológica.

Para los primeros, la consulta con un psiquiatra cuesta 2,000 lempiras por visita, la consulta con un psicólogo 1,000 lempiras por visita y la consulta con un neurólogo 2,000 lempiras por visita, este último generalmente es una vez para diagnóstico.

Una consulta con un especialista en autismo, que no ocurre en todos los casos, pero es más frecuente de lo pensado, también puede costar 2,000 lempiras por visita.

Aunque es imposible determinar cuánto tiempo debe recibir un menor tratamiento por su salud mental -pues la duración está determinada por la edad del niño, la gravedad de la patología y el tipo de trastorno-, para este ejercicio se hizo una proyección con base en dos años de terapia.

En dos años, un niño podría necesitar hasta 24 consultas con un psiquiatra, 96 consultas con un psicólogo, y pagar alrededor de 72,000 lempiras en medicamentos, cuyos precios oscilan desde los 2,000 lempiras.

En tanto, el tratamiento de psicoterapia, que incluye sesiones semanales con un psicólogo, puede llegar a costar de forma acumulada alrededor de 96,000 lempiras durante dos años. Se suman los L48,000 desembolsados con el psiquiatra.

Lo anterior deja un acumulado de poco más de 200,000 lempiras a lo largo de 24 meses. Como se expuso anteriormente, hay casos que se pueden evacuar en un año y sin medicación y otros donde la asistencia sea permanente por ser una patología de por vida.

Las sesiones de psicoteraia son esenciales para casos como ataques de pánico por ansiedad.

De hecho, según la tabla de trastornos predominantes identificada por la Secretaría de Salud, complementada por referencias de psicólogos y psiquiatras privados, desde la pandemia de COVID-19, la ansiedad y la depresión se han convertido en los principales problemas de salud mental en el país a nivel de población infantil y joven.

Mediante evaluaciones psicométricas, los psicólogos suelen ser los encargados de determinar si es necesario derivar a un paciente a un psiquiatra para medicación, pero la experiencia muestra que muchos adolescentes pueden manejar sus problemas con una terapia adecuada, reduciendo la necesidad de medicación.

“En general, los padres suelen buscar ayuda profesional solo cuando el problema de salud mental de sus hijos ha escapado de su control, especialmente después de los 18 años, cuando estos jóvenes recurren al consumo de drogas o presentan conductas extremas, estos problemas, arrastrados desde la adolescencia, se agravan en la adultez. Es común que los pacientes con ansiedad severa experimenten síntomas físicos intensos, como dificultad para respirar, palpitaciones, y miedo a morir”, apuntó Dubón.

La experta en salud mental lamentó que muchos padres, renuentes a aceptar la gravedad de la situación, esperan hasta que la condición del niño se vuelva crítica para buscar ayuda.

Desde la administración del exministro José Manuel Matheu, la Secretaría de Salud lanzó un programa de salud mental para atender a la población y pasado los meses se descontinúo; no obstante, este sector solo recibe el 1% del presupuesto total del país, y los fondos asignados se canalizan principalmente hacia los hospitales.

Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), pormenorizó que el tema de salud mental en el país sigue siendo no prioritario, puesto que todavía no se ha logrado una atención adecuada ni asignado los recursos necesarios.

En la Secretaría de Educación se enfrenta un desafío similar, ya que la mayoría del personal asignado a los departamentos de orientación o consejería carece de la formación especializada necesaria para manejar casos sensibles, como el abuso sexual. Predomina la formación en docencia en lugar de capacitación psicológica adecuada para estos problemas críticos.

“Desde Conadeh le hemos apostado a una asociación de usuarios de salud mental para atender sus quejas y dar soluciones, además de participar activamente en la mesa de salud mental que rectora la Secretaría de Salud”, dijo Hernández.

Se supo que actualmente diferentes sectores sociales están revisando la Ley de Salud Mental y próximamente se presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer una política nacional de salud mental. Aunque aún se encuentra en proceso de desarrollo, su objetivo final es permitir que las personas afectadas puedan defender sus derechos.

La familia con mucha frecuencia no apoya cuando un menor presenta síntomas, no le prestan la atención. Se concluye también que no todo puede quedar en manos de la institucionalidad, por ejemplo, las alcaldías deben cooperar porque tierra dentro no hay servicios de salud mental, no hay medicamentos ni primeros auxilios psicológicos que permitan detectar en algún nivel los síntomas que están propiciando que la persona entre en una crisis.

Parte de las soluciones son unificar los esfuerzos de mesas multisectoriales que involucran a la sociedad civil y al Gobierno. Los centros educativos por su lado juegan un papel crucial como punto focal para colaborar con los padres a través de programas de escuelas.

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